TALCA.- El pasado 4 de abril, el Presidente de la República, Gabriel Boric, durante un encuentro con alcaldes y alcaldesas del país, anunció que el 12 de abril comenzará a transferirse los fondos de la nueva Ley de Royalty Minero, que corresponden a $93 mil 600 millones a nivel nacional, y que benefician a 307 comunas, lo que representa a más de 12 millones de personas, y cuyo monto se duplicará, según establece la ley, en 2025.
En el caso de la Región del Maule, el delegado presidencial regional, Humberto Aqueveque, destacó que serán 28 de las 30 comunas las que se verán beneficiadas con esta entrega de recursos del Fondos Puente de Royalty Minero.
“Esto es más justicia y bienestar para Chile. No era justo que las comunas donde están los yacimientos mineros no recibieran parte significativa de estas ganancias y mucho menos que aquellas comunas más pobres no se beneficiaran de la riqueza que es de todos los chilenos y chilenas. Esto debía debe llegar a todos los chilenos y chilenas y, de esta manera, estamos avanzando”, resaltó el delegado Aqueveque.
En concreto, el Maule recibe en total $6.370.352.342 en 28 de las 30 comunas, que equivale al 93% y son Cauquenes, Chanco, Colbún, Constitución, Curepto, Empedrado, Hualañé, Licantén, Linares, Longaví, Maule, Molina, Parral, Pelarco, Pelluhue, Pencahue, Rauco, Retiro, Río Claro, Romeral, Sagrada Familia, San Clemente, San Javier, San Rafael, Teno, Vichuquén, Villa Alegre y Yerbas Buenas.
La comuna cuyo presupuesto aumenta más en comparación a los ingresos propios es Empedrado con un 6,01%.
El Fondo Puente de la Ley de Royalty Minero se origina en un acuerdo entre el Gobierno del Presidente Boric y parlamentarios, que anticipa a 2024 el traspaso del equivalente al 50% de los recursos que los municipios y gobiernos regionales recibirán el año 2025.
Este proyecto de ley había sido presentado en el año 2018 por un grupo de parlamentarios de distintos sectores políticos y que durante la actual administración Boric se le dio prioridad hasta su despacho desde el Congreso.
Los recursos no pueden utilizarse para el pago de la deuda municipal y cada municipalidad que reciba el aporte tendrá la obligación de informar el uso de éstos, mediante transparencia activa; a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo y al Concejo Municipal.
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