Este lunes fue promulgada por el Presidente Sebastián Piñera, la nueva ley que sanciona el comercio ilegal y la piratería intelectual.
El delegado presidencial regional (s), Pablo Sepúlveda, destacó esta medida, que permite además fortalecer la fiscalización y dota de más herramientas a las policías.
“El comercio ilegal significa una red de crimen organizado y verdaderas mafias, lo que produce un tremendo daño a la mayoría de los chilenos y a los verdaderos comerciantes, a los emprendedores que cumplen con sus deberes, pagan sus impuestos y cumplen con las reglas laborales”, señaló el delegado (s) Sepúlveda.
La nueva normativa permitirá identificar y desbaratar a las bandas de crimen organizado dedicadas al comercia ilegal, fortaleciendo la ley y sancionando la venta, reproducción, comercialización o receptación de productos falsificados o no autorizados.
Entre los delitos que considera el nuevo texto legal, se encuentra la falsificación, reproducción o venta no autorizada de obras literarias, artísticas o científicas protegidas por la ley de propiedad intelectual; así como también de fonogramas, videogramas, discos fonográficos, cassettes, videocassettes, filmes o películas cinematográficas o programas computacionales protegidos por la ley de propiedad intelectual.
“Lo que vemos en las calles y en las plazas es solo la punta del iceberg. El comercio ilegal normalmente va asociado a la delincuencia. Donde hay concentración de comercio ilegal hay robos, hurtos, asaltos y mucha violencia y delincuencia y afecta gravemente la calidad de vida de las personas que viven en esos lugares”, recalcó el delegado (s).
La nueva ley autoriza a las policías, inspectores municipales y a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos a fiscalizar el cumplimiento de las normas, pudiendo requerir los permisos municipales o sanitarios respectivos, así como los documentos que acrediten el origen de las especies que comercializan.
El comercio ilegal, al igual como ocurre con otros delitos, como el tráfico de drogas, opera a través de asociaciones ilícitas, lo que dificulta la investigación y el acceso a pruebas judiciales. Por lo anterior, el proyecto contempla la figura de ‘entregas vigiladas o controladas’ como procedimiento de investigación. Se trata de permitir, con autorización de un juez de garantía, que el traslado o entrega de productos sospechosos o ilícitos siga su curso, mientras es vigilado por las policías y el Ministerio Público.
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